La vida moderna, para bien o para mal, nos empuja a una relación casi simbiótica con las entidades bancarias. Abrimos cuentas, domiciliamos ingresos, solicitamos préstamos y, en un acto de fe ciega o, seamos honestos, de pura necesidad, firmamos hipotecas que atarán una parte significativa de nuestra vida financiera a una institución con más ceros en sus balances de los que la mayoría de nosotros veremos jamás en persona. Es en este punto donde la letra pequeña, esa eterna némesis de los consumidores, suele hacer su aparición estelar, cargando en nuestras espaldas costes que, con el tiempo y la evolución de la jurisprudencia, se han revelado como improcedentes. Hablamos de una batalla legal que muchos ciudadanos, especialmente aquellos en lugares como Ourense, están librando y ganando, consolidando la tendencia a una justa reclamación gastos hipoteca en Ourense y en el resto del país, permitiéndonos recuperar dinero que, por derecho, siempre debió ser nuestro.

El camino hacia la recuperación de estos desembolsos indebidos no es un capricho del destino ni un favor bancario, sino un derecho cimentado en sentencias firmes que han destapado una práctica extendida y, a todas luces, abusiva. Imaginen por un momento que compran un coche y, además de pagar el precio del vehículo, el concesionario les obliga a abonar la factura de la gasolina que el comercial utilizó para ir a comprarlo al fabricante, la limpieza de las instalaciones y hasta el café que se tomó el director para cerrar el trato. Ridículo, ¿verdad? Pues, salvando las distancias, algo similar ha ocurrido durante años con los gastos inherentes a la constitución de hipotecas. Los bancos, en su afán por optimizar sus márgenes, trasladaron al cliente la totalidad de los costes de notaría, registro, gestoría, tasación y, en algunos casos, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD), cuando la lógica y la ley indicaban que debían ser ellos quienes sufragaran una parte considerable, si no la totalidad, de esos gastos, al ser los principales interesados en garantizar la operación.

El proceso para desenmarañar esta madeja no es para débiles de espíritu ni para quienes esperan una solución mágica de la noche a la mañana. Requiere paciencia, una buena dosis de diligencia y, sobre todo, el asesoramiento adecuado. No estamos pidiendo limosna, sino exigiendo lo que es nuestro por justicia. La primera etapa, y a menudo la más subestimada, es la recopilación de toda la documentación relevante. Esto incluye la escritura de la hipoteca, las facturas de la notaría, el registro de la propiedad, la gestoría y la tasación. Si uno no las tiene a mano, es hora de remover cielo y tierra, o al menos los archivos de su casa o solicitar copias a las entidades correspondientes. Parece una tarea tediosa, digna de un detective privado con afición por los papeles viejos, pero es la base ineludible sobre la que se construirá cualquier reclamación exitosa. Sin esos papeles, el camino se vuelve tan brumoso como un día de niebla espesa en la Ribeira Sacra.

Una vez que se tiene la armadura documental completa, el siguiente paso lógico es intentar una reclamación por vía extrajudicial. Esto implica enviar una carta certificada o un burofax al servicio de atención al cliente del banco, detallando los gastos que se reclaman y adjuntando las copias de las facturas. Es un gesto de buena voluntad, una oportunidad para que la entidad rectifique sin necesidad de mayores complicaciones legales. A menudo, el banco puede ofrecer una cantidad a modo de acuerdo, que podría ser aceptable si se ajusta a lo que legalmente corresponde o si se valora la rapidez de la solución frente a la incertidumbre de un proceso judicial. Sin embargo, no hay que olvidar que estas entidades, con todo su músculo financiero y legal, no suelen dar su brazo a torcer a la primera. No se asombren si la respuesta es una negativa tajante o una oferta ridícula. Consideren este intento como el aperitivo antes del plato fuerte.

Si la vía amistosa fracasa, qué es lo que sucede en un porcentaje nada despreciable de los casos, entonces la ruta judicial se presenta como la opción más efectiva. Aquí es donde entra en juego la pericia de un abogado especializado en derecho bancario. Un buen profesional sabrá cómo articular la demanda, qué argumentos legales esgrimir y cómo presentar el caso ante el juez de la manera más contundente posible. La justicia española, a través de sentencias del Tribunal Supremo, ha establecido un criterio claro sobre qué gastos son recuperables y en qué porcentaje. Por ejemplo, el 100% de los gastos de registro de la propiedad, gestoría y tasación suelen ser declarados nulos para el cliente, mientras que los de notaría se dividen, generalmente, al 50%. El IAJD, por su parte, ha tenido un recorrido jurisprudencial más tortuoso, con idas y venidas, pero actualmente la carga recae sobre el banco en los casos de hipotecas firmadas antes de noviembre de 2018.

Es cierto que emprender una acción legal puede sonar intimidante, como enfrentarse a un dragón con una simple cucharilla. Pero la realidad es que el panorama actual es muy favorable para los consumidores. Los tribunales están acostumbrados a estas demandas, y la jurisprudencia es sólida. Además, en muchos casos, las condenas judiciales implican que el banco debe asumir no solo los gastos reclamados, sino también los intereses legales generados y, crucialmente, las costas del proceso. Esto significa que, si la demanda es exitosa, el cliente no solo recupera su dinero, sino que el coste de su abogado y procurador también es cubierto por la entidad bancaria. Es una tranquilidad considerable saber que la justicia, en esta ocasión, no solo te da la razón, sino que además no te deja el bolsillo temblando por el esfuerzo de defender tus derechos.

Así que, si tienen esa sensación persistente de que la balanza nunca estuvo equilibrada en su contrato hipotecario, o si recuerdan con un escalofrío el desglose de costes en el momento de la firma, es probable que haya una oportunidad de enderezar el entuerto. No se trata de un golpe de suerte, sino de aplicar la ley. El sistema financiero, aunque poderoso, no está por encima de las normas, y los ciudadanos tienen herramientas para hacer valer sus derechos. Es un mensaje de empoderamiento, una invitación a no conformarse con lo que, durante demasiado tiempo, se aceptó como inevitable. El camino puede ser un poco burocrático, pero la recompensa de recuperar lo que es legítimamente suyo bien vale la pena el esfuerzo. No hay mejor sensación que ver cómo la justicia corrige un desequilibrio, especialmente cuando afecta directamente a su patrimonio.